Garantizar la seguridad del cliente siempre ha sido prioritario para el sector bancario, pero en estos momentos lo es aún más si cabe. Las autoridades han establecido el confinamiento de la población en los hogares salvo por razones excepcionales que han quedado delimitadas. Los bancos españoles garantizan a los ciudadanos el acceso a los servicios y productos bancarios de la forma más conveniente para ellos, y en estos momentos de crisis sanitaria, lo más recomendable es que, en la medida de lo posible, se realicen las operaciones vía digital o telefónica.

Los bancos juegan un papel importante en la transición hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente, pero no son los únicos jugadores. Es conveniente que desde otros ámbitos se trabaje de manera conjunta. El maridaje entre la administración y el sector privado, entre los distintos sectores productivos y la industria financiera o entre la economía real y la sociedad civil, es fundamental para que el rol de la banca como catalizador se pueda desarrollar con eficacia.

A pocos se les escapa el entusiasmo con el que los niños de edad temprana juegan en los areneros de los parques infantiles o las guarderías. Y si hay agua a mano, mejor, es como estar en la playa. Con apenas una pala y, en el peor de los casos, las manos, se pueden crear castillos, rostros o carreteras y puentes. Con ese mismo entusiasmo el mundo financiero y, en particular el español, en todo su espectro (bancos, neobancos, aseguradoras, startups…) ha dado la bienvenida a la idea de crear un campo de pruebas para la innovación o sandbox regulatorio. El Consejo de Ministros aprobó esta semana el Proyecto de Ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero que prevé la implantación del sandbox español.

Desde el sector bancario acogemos de forma muy positiva esta iniciativa y esperamos que su puesta en marcha se produzca lo antes posible. En la nueva era digital, el desarrollo de las tecnologías aplicadas a las finanzas (fintech) evoluciona a gran velocidad. Innovar requiere de una agilidad y una flexibilidad operativa que, tras el intenso proceso regulador de los últimos años, es más complicado bajo el marco normativo al que está sometido el sector bancario.

No debería de existir la menor duda de que vivir en un entorno libre de emisiones, o con menores niveles de contaminación en las ciudades, eliminar el uso de plásticos o modificar los hábitos de consumo para promover conductas responsables, no puede en ningún caso resultar dañino sino que, tras un adecuado periodo de transición, debería propiciar un entorno más saludable y sostenible que redunde en un mayor grado de bienestar social.

España es actualmente uno de los países mejor calificados del mundo en sus sistemas de prevención y de persecución contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a lo que han contribuido de forma muy importante los bancos españoles, cuya labor ha sido reconocida por el Ministerio de Economía y Empresa. Los bancos dedican, desde hace mucho tiempo, grandes esfuerzos y recursos para dotarse de instrumentos que permitan identificar y prevenir acciones relacionadas con estas prácticas, algo que, sin duda, continuarán haciendo.

Las operaciones de pago están sujetas a nuevas medidas de seguridad, desde el 14 de septiembre de 2019, con la entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión (conocido como RTS en SCA & CSC) que establece las obligaciones de autenticación reforzada en el marco de la directiva europea de servicios pagos (PSD2). A partir de esta fecha las operaciones de pago electrónico deberían hacerse con autenticación reforzada, un procedimiento de doble verificación de la identidad del cliente, salvo que pueda aplicarse alguna exención.

La Cumbre Mundial del Clima que se celebra estos días en Madrid constituirá sin duda una gran oportunidad para visibilizar todavía más las consecuencias del cambio climático y concitar a más organismos, individuos y empresas a realizar una contribución neta positiva, urgente y colaborativa durante la transición hacia una economía más sostenible. Pero no podemos obviar que la actual regulación brinda todavía un amplio margen interpretativo sobre los compromisos individuales y colectivos que no garantiza que la velocidad del debate esté alineada con el cumplimiento de las  metas establecidas en el Acuerdo de París o en la Agenda 2030.

La ausencia de acciones para limitar de manera progresiva, pero con cierto sentido de urgencia, el uso de combustibles fósiles no solo tendrá un coste que puede ir aumento, sino que puede generar efectos irreversibles. La presión que ejercen los ciudadanos, cada vez más conscientes de la magnitud de problema, el empuje de la regulación y los cambios tecnológicos pueden provocar un violento cambio del modelo productivo con inconcebibles consecuencias sobre el empleo, los precios y el crecimiento.

El desarrollo de los criptoactivos, los desafíos ligados tanto a su capacidad de crecimiento como a su uso por parte de los consumidores, así como la posibilidad de que los bancos centrales emitan sus propias monedas digitales protagonizaron la tercera edición del Banking Lab celebrada hoy en CUNEF